La iniciativa propone modificar la Ley 33-18 para prevenir la infiltración del crimen organizado y reforzar la transparencia en la actividad política.

Paliza: “la democracia no se fortalece negando la realidad, sino enfrentándola”.

Santo Domingo, 11 de marzo del 2026.– El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, presentó este miércoles ante su bloque de legisladores un proyecto de ley que propone modificaciones a diversos artículos de la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, con el propósito de fortalecer la integridad del sistema de partidos, reforzar los mecanismos de control del financiamiento político y prevenir la infiltración de personas y recursos vinculados a actividades ilícitas en la política.

Paliza explicó que la propuesta busca establecer estándares más rigurosos de transparencia, debida diligencia y cumplimiento normativo dentro de las organizaciones políticas.

Durante su intervención ante los legisladores del partido y la prensa, Paliza señaló que la política debe responder con firmeza frente a los riesgos que representan las estructuras criminales para la democracia.

“Hemos visto cómo personas vinculadas a la actividad política, a nuestro partido y a otros, han sido señaladas o procesadas por presuntos vínculos con estructuras criminales. Es una realidad incómoda. Pero la democracia no se fortalece negando la realidad, sino enfrentándola”, expresó.

El proyecto de ley introduce mecanismos orientados a fortalecer los controles internos de los partidos, incluyendo la implementación de programas de cumplimiento normativo (compliance partidario) para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y la infiltración del crimen organizado en las estructuras dirigenciales y en los procesos de selección de candidaturas.

Asimismo, establece procedimientos de debida diligencia y verificación del origen de los fondos que reciben las organizaciones políticas, con mecanismos de trazabilidad para identificar a los aportantes y prevenir el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas.