Desde esta tribuna sostenemos que las aspiraciones de Ito son legítimas,

siempre que respeten la institucionalidad y no confundan la gestión pública con

el proselitismo.

Por Roberto Valenzuela

La política dominicana entra en una nueva fase. Por primera vez, y con

información confirmada desde distintos sectores de poder político y económico,

se coloca sobre la mesa un nombre que hasta ahora se había movido con

cautela: Víctor (Ito) Bisonó. Su eventual proyección presidencial ya no es un

rumor de pasillos, sino un hecho político en construcción que comienza a

alterar el tablero rumbo a las elecciones de 2028.

Dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como en un sector

influyente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), partidos emergentes

y un núcleo empresarial de peso, se consolida la percepción de que Bisonó

representa hoy la carta más segura para garantizar la continuidad del

oficialismo. No se trata de una apuesta emocional ni coyuntural, sino de un

cálculo frío sustentado en encuestas, imagen pública y capacidad de

articulación política.

Quienes impulsan su nombre coinciden en varios puntos clave: Bisonó aglutina

a las fuerzas conservadoras y moderadas del sistema político; posee una

imagen sólida, sin desgaste; y, en cinco años de gestión gubernamental, no ha

estado vinculado a escándalos de corrupción ni a crisis institucionales. En un

país donde la desconfianza ciudadana hacia la clase política crece, ese capital

ético adquiere un valor estratégico.

No es casual que antiguos dirigentes reformistas, hoy integrados al PRM o

aliados circunstanciales, vuelvan a ver en Bisonó un referente natural. Tampoco

sorprende que sectores empresariales —tradicionalmente reacios a la

improvisación— comiencen a mencionarlo como una figura confiable para

preservar estabilidad, gobernabilidad y reglas claras.

Aunque el propio Bisonó no ha anunciado formalmente aspiraciones

presidenciales, sus seguidores en todo el país ya actúan como si el proceso

estuviera en marcha. La consigna de que “el 28 es de Ito” empieza a ganar

espacio, rompiendo la narrativa de que el relevo presidencial dentro del PRM

está limitado a los nombres que tradicionalmente ocupan titulares.

Desde esta tribuna sostenemos una posición clara: las aspiraciones de Ito

Bisonó, como las de cualquier funcionario público, son legítimas. Sin embargo,

esa legitimidad está condicionada al respeto absoluto de la institucionalidad. No

debe interferir con sus funciones, ni utilizar su cargo para promoverse, ni

mucho menos emplear recursos del Estado para competir interna o

externamente. La línea entre gestión y proselitismo debe mantenerse firme y

visible.

Si decide avanzar en una promoción política, esta debe hacerse con prudencia,

fuera del horario oficial, sin uso de vehículos, personal o facilidades públicas. El

país no puede aceptar —ni normalizar— que la administración del Estado se

confunda con la construcción de proyectos personales.

El movimiento que impulsa a Bisonó se fortalece, además, bajo la premisa de

que estaría en capacidad de enfrentar con solvencia a cualquiera de las

principales figuras de la Fuerza del Pueblo, incluido el expresidente Leonel

Fernández o el senador Omar Fernández. Ese dato, más que una

especulación, es el que explica la inquietud y el reacomodo temprano dentro

del sistema político.

La irrupción de Ito Bisonó en el debate presidencial confirma una verdad

ineludible: la sucesión en el PRM ya comenzó. Y cuando los sectores de poder

empiezan a moverse antes de tiempo, no es por improvisación, sino porque

entienden que el escenario del 2028 se está definiendo desde ahora.